La prohibición establecida a Yahoo para vender objetos de índole nazi a ciudadanos franceses sienta un primer precedente legal y conlleva la necesaria pregunta de si ¿realmente deseamos que las limitaciones que han afectado al comercio tradicional se extiendan al ámbito de Internet?.

¿Debería estar Internet por encima de la ley y ser inmune a las restricciones legales?. Estas preguntas están surgiendo cada vez con más fuerza debido al carácter transnacional de la Red. Se está comenzando a plantear la idea de si realmente un estado puede imponer sus limitaciones a otros estados.

Internet permite acceder a cualquier sitio en cualquier lugar del mundo lo que ha tentado a algunos países a intentar imponer su jurisdicción en cualquier lugar remoto pero ¿ dónde se puede demandar? y ¿qué leyes se aplican?.

Estas son algunas de las dudas que han comenzado a plantearse tras la sentencia de un tribunal parisino que dictaminó la imposibilidad de que ciudadanos franceses pudieran acceder a determinadas páginas del buscador Yahoo.

Este buscador tiene su sede en Estados Unidos, donde la venta de objetos de carácter nazi no se considera delito; sin embargo tanto en Francia como en la mayoría de países europeos estas ventas están consideradas como delitos y en base a ésto se espera que el servidor restrinja el acceso de los ciudadanos franceses a este tipo de ventas.

Para los tribunales franceses la base de este razonamiento esta clara; si el lector de una página web está en Francia, se aplica la ley francesa. En esta doctrina se basó el Tribunal de Grande Instance, tribunal francés de mayor rango, para dictar la sentencia de 22 de mayo en la que ordenó a Yahoo Inc impedir el acceso a ciudadanos franceses a su web en Estados Unidos en la que se subastaban objetos de carácter nazi.

La misión de Yahoo para identificar a los ciudadanos franceses no es fácil. Las técnicas actuales para vincular una dirección IP (número que identifica a un ordenador) a su ISP (proveedor que facilita el acceso a Internet y que posibilita la identificación del usuario) tienen un margen de error del 20% por lo que la identificación entraña una dificultad a la que debe añadirse la de determinar qué páginas son adecuadas y quién determina esta adecuación.

Esta situación está sentando un precedente peligroso para el conjunto de las empresas que realizan negocios en Internet y se están abriendo importantes discusiones sobre la jurisdicción de Internet, sobre si un país tiene jurisdicción para regular el contenido de las páginas web en otro país.